Contraloría cuestiona cinco normas del presupuesto nacional para 2027

Cobertura comparada de 2 medios · 2 Oct 2026 · 08:34

La CGR señaló posibles vicios de constitucionalidad en disposiciones que condicionan recursos del Poder Judicial y la Defensoría. El principal bloqueo abarcaría ¢29.844 millones asignados al Poder Judicial.

El ojo · Cobertura comparada · 2 medios

Cobertura de los hechos

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«Al menos cinco normas de ejecución incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027 presentan posibles vicios de constitucionalidad, debido a que condicionan o restringen el uso de recursos del Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes» [1]

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«El criterio se concentra especialmente en las normas 9, 10, 11 y 12, que establecen bloqueos, restricciones para trasladar recursos, condiciones para determinados pagos y requisitos adicionales para utilizar plazas vacantes» [1]

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«El legislador presupuestario no puede imponer deberes, establecer prohibiciones, crear competencias u organizar actividades públicas mediante normas de ejecución de presupuesto, señaló la Contraloría en su análisis del proyecto» [1]

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«Uno de los principales cuestionamientos corresponde a la norma 9, que propone bloquear parcial o totalmente 313 de los 543 renglones del presupuesto del Poder Judicial» [1]

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«El monto sujeto a las condiciones asciende a ¢29.844 millones, equivalente al 5,6% de los ¢530.973 millones asignados a ese poder de la República para 2027» [1]

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«Según la CGR, este mecanismo desvirtúa la autorización máxima de gasto establecida en el presupuesto y condiciona el uso de los recursos a actuaciones posteriores» [1]

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6 datos más que solo trae un medio

«La institución también señaló que el ordenamiento ya cuenta con mecanismos de programación financiera para gestionar el flujo de efectivo» [1]

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«Considera esta Contraloría que el procedimiento propuesto para lograr la liberación presupuestaria de las partidas bloqueadas constituye un trámite que excede lo establecido constitucionalmente, indica el documento» [1]

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«La norma 10 plantea otra restricción para el Poder Judicial y la Defensoría : impediría trasladar recursos entre determinadas subpartidas y obligaría a realizar esos movimientos mediante un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa» [1]

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«La CGR considera que esa condición contraviene el artículo 45 de la Ley 8.131, debido a que establece para esas dos instituciones un procedimiento más rígido que el aplicado al resto del sector público» [1]

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«La norma 12 también establece requisitos para utilizar plazas vacantes en seis programas judiciales y en la Defensoría» [1]

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«La Contraloría recordó que la Sala Constitucional ya ha declarado inconstitucionales disposiciones presupuestarias similares relacionadas con plazas, debido a que regulan aspectos propios de las relaciones de empleo público y exceden el contenido propio de una ley presupuestaria» [1]

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