Proyecto propone agravar penas por ataques contra personas defensoras de derechos humanos

Cobertura de los hechos

Lo que publican los 5 medios que cubren esta noticia, con los medios que respaldan cada hecho. Los números remiten a la línea de tiempo, con el enlace a cada nota original.

• La iniciativa de la fracción del Frente Amplio incorpora agravantes penales para el homicidio y la privación de libertad cuando la víctima defienda derechos humanos y el delito esté vinculado con esa labor. [1][3][4]

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• Para el homicidio, la propuesta modifica el artículo 112 del Código Penal, cuya pena oscila entre 20 y 35 años de prisión. [1][3][4]

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• Para la privación de libertad agravada, la propuesta incorpora una disposición al artículo 192, que establece sanciones de 4 a 10 años. [1][3][4]

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• La propuesta permitiría que integrantes de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones vinculadas directamente con una persona ofendida accedan a servicios de protección y asistencia. [1][3][4]

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• José María Villalta Flórez-Estrada afirmó que la propuesta busca enviar una señal contra la impunidad y reconocer la importancia de la labor de quienes defienden los derechos y las libertades de la población costarricense. [1][3]

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• El proyecto amplía los mecanismos de protección a organizaciones y agrega un nuevo artículo 71 ter al Código Procesal Penal. [1][4]

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• José María Villalta Flórez-Estrada citó los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera, así como el del defensor de tortugas Jairo Mora en 2013. [1][4]

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• El proyecto plantea sanciones más rigurosas para quienes cometan crímenes motivados por silenciar a personas defensoras de los derechos humanos, el territorio, el agua y los pueblos originarios. [1][4]

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• El 79,3% de los casos ocurrió en América Latina. [3][4]

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• La medida aplicaría cuando integrantes de organizaciones vinculadas directamente con una persona ofendida enfrenten, por esa relación, amenazas graves contra su vida o integridad física. [1]

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• El legislador afirmó que buscan reformar la legislación del programa de protección de víctimas y testigos para incluir expresamente a personas perseguidas o amenazadas por defender los derechos humanos. [1]

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• José María Villalta Flórez-Estrada mencionó casos ocurridos en Costa Rica que, a su criterio, evidencian la urgencia de reforzar la protección. [1]

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• Villalta recordó el asesinato del líder indígena Antonio Zúñiga en 1989, la masacre de Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero en 1994, y la muerte de la conservacionista canadiense Kimberly Blackwell en 2011. [1]

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• El diputado José María Villalta Flórez-Estrada declaró que esas personas han sido asesinadas o amenazadas y no han tenido una protección adecuada. [1]

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• Villalta sostiene que las personas amenazadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos deben quedar expresamente incluidas en los mecanismos de protección de víctimas y testigos. [4]

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