De primera mano · Fuente original · UNA
Justicia Expediente 24.966 y 25.634
La magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, advirtió sobre posibles afectaciones a la independencia judicial durante una conferencia divulgada el 8 de octubre de 2026 por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional.
Según Solano, el Gobierno propone reducir en 11 mil millones de colones el presupuesto del Poder Judicial para 2027 y condicionar hasta 29.843 millones de colones mediante normas relacionadas con plazas vacantes, gastos operativos e inversiones tecnológicas.
La magistrada afirmó que las leyes 9.635, sobre fortalecimiento de las finanzas públicas, y 10.159, de empleo público, han afectado la independencia financiera y la estructura salarial del personal judicial. También sostuvo que solo un 3% de los ingresos ordinarios asignados al Poder Judicial se destina a la administración de justicia, mientras el resto cubre al OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Programa de Atención a Víctimas y Testigos.
Solano cuestionó el expediente 24.966, que propone trasladar el Organismo de Investigación Judicial al Ministerio de Seguridad Pública, y el expediente 25.634, impulsado por la diputada del PPSO Marta Esquivel, para que la Asamblea Legislativa elija a la persona titular de la Fiscalía General. Según la magistrada, ambas propuestas podrían generar interferencias en investigaciones y resoluciones judiciales.
La magistrada sostuvo que la crítica pública, el debate legislativo, la evaluación del desempeño y el régimen disciplinario son controles legítimos, pero advirtió que pueden afectar la independencia judicial si producen intimidación o represalias contra jueces por sus decisiones.
Cifras mencionadas
- Según Patricia Solano, el Gobierno propone un recorte de 11 mil millones de colones al presupuesto del Poder Judicial para 2027.
- La magistrada afirmó que normas presupuestarias condicionarían hasta 29.843 millones de colones destinados a plazas, gastos operativos e inversiones tecnológicas.
- Solano indicó que el Poder Judicial recibe al menos un 6% de los ingresos ordinarios, pero afirmó que solo un 3% se destina a la administración de justicia.
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