De primera mano · Fuente original · Asamblea Legislativa
Seguridad
En la sesión ordinaria 80 del Plenario Legislativo, diputaciones de varias fracciones debatieron la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, conocido como CACO, y sus posibles efectos sobre el hacinamiento, la seguridad penitenciaria y la lucha contra el crimen organizado.
La diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (PPSO) afirmó que el centro entraría en operación al día siguiente y permitiría reducir al 15% la sobrepoblación carcelaria. Kathia Calvo Cruz (PPSO) sostuvo que la separación de los líderes criminales limitará cobros, amenazas y otras actividades ilícitas dentro de las prisiones.
Ariel Mora Fallas (PPSO), Wilson Alfredo Jiménez Cordero (PPSO), Kristel Ward Hudson (PPSO) y Robert Junior Barrantes Camacho (PPSO) cuestionaron la ausencia de representantes del Poder Judicial en la inauguración y solicitaron coordinación entre las instituciones para enfrentar el crimen organizado.
José María Villalta Flórez-Estrada (FA) afirmó que su fracción votó los presupuestos destinados a la ampliación, incluidos los ¢7.600 millones iniciales, pero señaló que las cárceles no serán suficientes sin inversión educativa, programas sociales y controles contra el lavado de dinero. Sigrid Segura Artavia (FA) también cuestionó los recortes al Poder Judicial y a los cuerpos policiales.
Diana Murillo Murillo (PLN) y Salvador Padilla Villanueva (PLN) respaldaron la ampliación como una medida contra el hacinamiento, pero indicaron que una cárcel por sí sola no resuelve la inseguridad. Abril Gordienko López (PUSC) sostuvo que la política penitenciaria debe acompañarse con prevención y oportunidades educativas.
Compromisos y anuncios
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez informó que el Centro de Alta Contención entraría en operación al día siguiente. ▶ 17:38
Cifras mencionadas
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez afirmó que la nueva obra permitirá reducir al 15% la sobrepoblación carcelaria. ▶ 17:38
- José María Villalta Flórez-Estrada indicó que su fracción respaldó los ¢7.600 millones iniciales destinados a la ampliación penitenciaria. ▶ 57:56
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