De primera mano · Fuente original · Poder Judicial
Ambiente y energía Expediente 25.671
Corte Plena aprobó este 19 de octubre el informe de la magistrada Patricia Vargas González que considera que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Protección y el Bienestar Animal afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Según Vargas, el proyecto crea una fiscalía especializada en delitos contra el bienestar animal y encarga al fiscal general definir su organización y asignarle recursos. La estructura mínima requeriría un fiscal adjunto, un fiscal, un fiscal auxiliar, una coordinación judicial y un puesto técnico judicial.
La magistrada informó que esa estructura costaría al menos 219 millones 38 mil 465 colones para iniciar funciones. Añadió que un estudio de planificación calcula en más de 500 millones de colones las plazas requeridas por el Organismo de Investigación Judicial.
La iniciativa también crearía, bajo administración del Servicio Nacional de Salud Animal, un registro de personas inhabilitadas para tener animales. El Poder Judicial tendría que comunicarle las resoluciones firmes que impongan esas sanciones.
La Corte aprobó el informe y lo declaró firme para comunicarlo a la Asamblea Legislativa, con la abstención de integrantes de la Sala Constitucional.
Votaciones
- Corte Plena aprobó el informe que determina que el proyecto afecta la organización y funcionamiento institucional y lo declaró firme, con la abstención de la Sala Constitucional. ▶ 1:04:20
Compromisos y anuncios
- Corte Plena acordó comunicar a la Asamblea Legislativa el criterio sobre el proyecto de bienestar animal. ▶ 1:04:20
Cifras mencionadas
- Según la magistrada Vargas, la estructura mínima de la fiscalía especializada requeriría al menos 219 millones 38 mil 465 colones. ▶ 57:42
- Según el informe de planificación citado por Vargas, las plazas requeridas por el OIJ superarían los 500 millones de colones. ▶ 58:54
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