La institución informó que autoridades judiciales y la embajadora Melinda Heidebrand ratificaron la cooperación contra el narcotráfico y en materia de extradiciones.
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La institución informó que el nuevo espacio permitirá realizar procesos penales en el cantón y evitar traslados de las personas usuarias a otras comunidades.
El Poder Judicial informó que agentes de la Sección de Homicidios detuvieron a un hombre investigado por tres homicidios ocurridos en abril de 2024 y febrero de 2026.
La Fiscalía de Cartago obtuvo una ampliación de tres meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por atacar con ácido sulfúrico a una mujer.
El Tribunal Penal de Santa Cruz condenó a un hombre de apellido Rodríguez por dos delitos de abuso sexual contra una persona menor de edad.
La institución informó que cumplirá 200 años en octubre de 2026 y que cuenta con cerca de 14 mil personas funcionarias en distintas regiones del país.
La institución reportó dos edificios terminados, tres proyectos en desarrollo y otras obras en preparación. Según el Poder Judicial, la infraestructura permitiría reducir el gasto anual en alquileres.
Olman Gerardo Ugalde González afirmó que una Sala Constitucional independiente tendría mayor credibilidad, fortaleza y capacidad de organización interna.
Olman Gerardo Ugalde González afirmó que Sinledi y Nexus no son accesibles para personas con discapacidad visual y pidió continuar los ajustes en las plataformas institucionales.
Nanci María Quesada Vargas afirmó que el Estado debe vigilar los centros educativos privados dentro de los límites establecidos por la ley y la Constitución.
Quesada consideró que el amparo de legalidad en la jurisdicción de familia podría ofrecer una vía más rápida y con mayores posibilidades probatorias.
María Victoria Salas Ruiz afirmó que la Sala Constitucional está colapsada por asuntos de salud pública, pero rechazó eliminar competencias. Propuso reforzar la coordinación con otras instituciones para reducir la carga de trabajo.
El candidato planteó agrupar asuntos similares, utilizar herramientas tecnológicas y valorar subdivisiones de la Sala Constitucional para atender el crecimiento de expedientes sin restringir el acceso a la justicia.
Salas Ruiz planteó que la Sala Constitucional realice verificaciones en sitio en casos puntuales relacionados con personas indígenas, migrantes o con discapacidad, pese a las limitaciones de personal.
José Miguel Zamora Acevedo vinculó la posibilidad de reelegirse con los derechos políticos, aunque señaló que sus alcances dependen de las reglas aplicables a cada cargo.
El candidato consideró que la protección del acceso al agua debe ponderarse con el desarrollo y mencionó conflictos ocurridos en comunidades de Guanacaste.
Rodrigo Campos Hidalgo afirmó que el Tribunal Supremo de Elecciones ejerce un control constitucional limitado a la materia electoral y debe actuar dentro del marco general establecido por la Sala Constitucional.
El candidato afirmó que la restricción es constitucional cuando se aplica de manera limitada a servicios esenciales. Señaló el arbitraje y los planes de servicio mínimo como mecanismos alternativos.
Campos afirmó que los derechos sociales obligan al Estado, pero su tutela debe considerar la situación macroeconómica y la disponibilidad de recursos en cada caso concreto.
El aspirante afirmó que estas consultas pueden retrasar la aprobación de leyes y utilizarse como instrumento político. Propuso exigir el respaldo de un grupo legislativo mayor.
El aspirante afirmó que la Sala Constitucional debe intervenir ante demoras excesivas sin esperar la sentencia firme. Propuso establecer parámetros diferenciados por materia.
El aspirante sostuvo que el combate contra la criminalidad debe concentrarse en acelerar investigaciones y juicios. Afirmó que el Estado dispone de herramientas legales suficientes.
Los magistrados acordaron consultar a la Dirección Jurídica la viabilidad de otorgar el plus salarial, ante limitaciones presupuestarias y legales.
La normativa actualiza disposiciones vigentes desde el año 2000 e incorpora estándares de transparencia, protección ciudadana y agilización de trámites.
El órgano judicial extendió la medida tras registrarse una reducción del 15,72% en el circulante de expedientes de puro derecho.
Los magistrados eligieron a Paul Fuentes Zing y Roberto José Díaz Sánchez tras descartar una propuesta de paridad de género.

























