De primera mano · Fuente original · Poder Judicial
Seguridad Expediente 25.533
La Corte Plena aprobó este 5 de octubre de 2026 un informe rendido por el magistrado Rafael Segura Bonilla, el cual determinó que el proyecto de reformas a la Ley de Armas y Explosivos, expediente 25.533, incide en el funcionamiento del Poder Judicial debido al impacto operativo y financiero sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo con el informe de la subdirección del OIJ citado por el magistrado Segura, la iniciativa legal amplía los catálogos de armas prohibidas y las regulaciones sobre trazabilidad, lo que aumentará sustancialmente la exigencia de peritajes forenses para armas artesanales, componentes fabricados en impresión 3D, armas sin numeración visible y análisis de artefactos explosivos.
El documento advirtió que cada pericia balística tiene un costo estimado de 2.272 dólares para la institución, mientras que el trámite general anual de un expediente judicial ronda 1.711.805 colones, por lo que la aprobación de la reforma sin contenido económico generaría un riesgo operativo en las capacidades periciales y de almacenamiento de evidencias.
Votaciones
- Aprobación del informe consultivo sobre el expediente 25.533 para remitir a la Asamblea Legislativa, con la abstención de integrantes de la Sala Constitucional. ▶ 19:38
Compromisos y anuncios
- El informe de afectación al funcionamiento judicial será enviado en firme a la Asamblea Legislativa. ▶ 19:38
Cifras mencionadas
- El costo de cada pericia balística en el OIJ asciende a 2.272 dólares, según datos expuestos por el magistrado Rafael Segura. ▶ 19:06
- El costo promedio anual de tramitación de un expediente judicial se estimó en 1.711.805 colones, según la Dirección de Planificación. ▶ 18:32
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