Justicia Expediente 25.234
La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico aprobó por el fondo, en su sesión ordinaria 12, el expediente 25.234, ley que sanciona el apoderamiento ilegal de energía eléctrica y los daños al sistema eléctrico. La votación fue de ocho votos a favor y ninguno en contra, con ocho diputaciones presentes. La comisión encargó la elaboración del dictamen al diputado Marco Badilla Chavarría (PLN).
Antes de la votación de fondo, la comisión aprobó con ocho votos a favor el informe de subcomisión, una moción de fondo recomendada por ese informe y una moción de texto sustitutivo. Según se explicó durante la discusión, el proyecto reforma los artículos 208, 212 y 229 del Código Penal, correspondientes a los delitos de hurto, robo simple y daño agravado, e incorpora la palabra «bien» junto al término «cosa»; con la moción aprobada queda únicamente la palabra «bien».
La diputada Abril Gordienko López (PUSC) afirmó que el Ministerio de Seguridad Pública consideró la iniciativa jurídicamente procedente y sin objeciones, que el Ministerio Público tampoco presentó objeciones y que el Ministerio de Ambiente y Energía manifestó su acuerdo general con una recomendación para identificar expresamente la electricidad en los artículos sobre hurto y robo. Agregó que el Instituto Costarricense de Electricidad consideró la iniciativa un avance aunque propuso ajustes, y que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz indicó que, consideradas sus recomendaciones, no se opone a que el proyecto continúe su trámite. Señaló además que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y Coopesantos consideran necesario regular de manera más expresa el apoderamiento ilícito de electricidad, y que la Defensa Pública planteó observaciones sobre la precisión normativa y las consecuencias de la reforma para el funcionamiento judicial.
Una diputada que anunció su respaldo al informe de subcomisión indicó que la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica concluyó que existe un vacío interpretativo real que ha generado inseguridad jurídica y decisiones jurisdiccionales dispares, y que consideró la reforma una solución legislativa adecuada y generalizable. Mencionó también que el proyecto retoma observaciones formuladas durante la discusión del expediente 23.935, en las que la jurista Rosaura Chinchilla Calderón señaló que bastaba incorporar el concepto de bien en los tipos penales existentes, y que el informe jurídico del Departamento de Servicios Técnicos concluye que la reforma amplía el alcance de los delitos de hurto y robo para incluir bienes que no necesariamente califican como cosas muebles en sentido estricto.
La diputada Sigrid Segura Artavia (FA) manifestó que su fracción votaría a favor y afirmó que el proyecto resuelve un vacío interpretativo sobre bienes intangibles. Indicó que la reforma se ampara en la condición de servicio público reconocida en la ley 7593 y en la doctrina de la Sala Constitucional, y que según el análisis del Instituto Costarricense de Electricidad la propuesta es concordante con la jurisprudencia de la Sala Tercera que califica la electricidad como un bien mueble susceptible de apropiación. Agregó que, según el oficio de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia enviado el 19 de noviembre del 2025, esa empresa reconoce la urgencia de fortalecer la tutela penal frente al apoderamiento ilegal de energía y a los actos vandálicos contra los prestadores del servicio. Señaló que el proyecto fue presentado por los exdiputados Daniel Vargas y Pilar Cisneros.
El diputado José María Villalta Flórez-Estrada (FA), quien intervino por cortesía parlamentaria al no ser miembro de la comisión, anunció el voto afirmativo y se refirió a la técnica legislativa escogida, que opta por una reforma general al tipo penal en vez de referencias a bienes específicos. Expresó dudas sobre mantener los dos términos, «cosa» y «bien», y afirmó que apegándose al Código Civil las cosas estarían incluidas dentro del concepto jurídico de bienes. Añadió que se reserva la posibilidad de proponer algún ajuste adicional en el periodo de mociones vía artículo 137. Al final de la sesión, la comisión rechazó con ocho votos en contra una moción de revisión de la votación de fondo de este expediente.
Votaciones
- Aprobada la dispensa de lectura del informe de subcomisión del expediente 25.234: siete diputaciones presentes, siete votos a favor, ninguno en contra ▶ 16:55
- Aprobado el informe de subcomisión del expediente 25.234: ocho diputaciones presentes, ocho votos a favor, ninguna en contra ▶ 24:13
- Aprobada la moción de fondo recomendada por el informe de subcomisión: ocho diputaciones presentes, ocho votos a favor, ninguno en contra ▶ 25:15
- Aprobada la moción de texto sustitutivo presentada en el informe: ocho diputaciones presentes, ocho votos a favor, ninguno en contra ▶ 26:28
- Aprobado por el fondo el expediente 25.234: ocho diputaciones presentes, ocho votos a favor, ninguna en contra ▶ 45:18
- Rechazada la moción de revisión de la votación por el fondo del expediente 25.234: ocho señorías presentes, ocho votos en contra, ninguna a favor ▶ 1:07:39
Compromisos y anuncios
- La comisión solicitó al diputado Marco Badilla Chavarría (PLN) la elaboración del dictamen del expediente 25.234 ▶ 45:18
- El diputado José María Villalta Flórez-Estrada (FA) anunció que el Frente Amplio se reserva proponer ajustes adicionales al texto en el periodo de mociones vía artículo 137 ▶ 44:05
Cifras mencionadas
- Las pérdidas no técnicas de energía asociadas a ilícitos eléctricos han representado para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz montos que oscilan entre aproximadamente 14.500 millones y 19.600 millones de colones por año, según los datos del expediente citados en la discusión ▶ 20:40
- El proyecto reforma los artículos 208, 212 y 229 del Código Penal, sobre hurto, robo simple y daño agravado, según la diputada Abril Gordienko López (PUSC) ▶ 26:58
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