Chile frena rebajas de penas tras beneficios a condenados por delitos graves

Cobertura comparada de 1 medio · 23 Oct 2026 · 10:13

Justicia suspendió nuevos decretos y propuso excluir de los beneficios a sentenciados por delitos sexuales contra menores. Fernando Rabat alegó que la aplicación inmediata de la norma era una obligación constitucional, mientras la oposición evalúa un juicio político.

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Cobertura de los hechos

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Interferencia informó que el Gobierno de Kast rebajó desde marzo las condenas de 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación. [1]
El Mostrador reportó que dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet también recibieron beneficios. [1]
Rabat afirmó que normas constitucionales obligaban a aplicar inmediatamente las reducciones, previstas por buena conducta tras cumplir la mitad de la pena. [1]
El Ministerio de Justicia suspendió nuevos decretos y anunció un proyecto para excluir de las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores. [1]
La oposición convocó una sesión extraordinaria del Congreso y mencionó un posible juicio político contra Rabat. [1]
Rabat defendió a Pinochet en 2004 en una causa por presunta malversación que fue archivada después de la muerte del exdictador, y organizaciones de derechos humanos han cuestionado su gestión ministerial. [1]
El Ministerio de Justicia presentó un proyecto que impediría al Instituto Nacional de Derechos Humanos interponer querellas y proyecta reducir en 2027 el presupuesto del Plan de Búsqueda creado en 2024. [1]
La dictadura de Pinochet, extendida entre 1973 y 1990, dejó más de 3.200 personas muertas o desaparecidas. [1]

A favor

Rabat sostuvo que normas constitucionales obligaban al Ministerio de Justicia a aplicar inmediatamente las rebajas de condena.
La legislación permite reducir penas por buena conducta después de que la persona condenada haya cumplido la mitad de su sentencia.

En contra

La oposición cuestionó los beneficios y planteó someter a Rabat a un juicio político.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la gestión de Rabat, cuyo ministerio impulsa medidas que limitarían al Instituto Nacional de Derechos Humanos y reducirían recursos del Plan de Búsqueda.

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