De primera mano · Fuente original · Asamblea Legislativa
Justicia
En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, la diputada Ángela Aguilar Vargas (PLN) cuestionó la norma de ejecución presupuestaria número 11 mientras se discutía la moción número 3 sobre el proyecto de presupuesto de 2027.
Aguilar explicó que la disposición condicionaría el pago de la compensación por labores administrativas de quienes ejercen la judicatura a un análisis de costo-beneficio, su ratificación por la Contraloría General de la República, el conocimiento de una comisión legislativa y la aprobación del Plenario.
La legisladora afirmó que la norma generaría incertidumbre para las personas juzgadoras que coordinan despachos, administran equipos y atienden asuntos de funcionamiento, pues no establecería un plazo para resolver el pago. También sostuvo que someter parte de su remuneración a decisiones de otros poderes podría afectar la independencia judicial.
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